De Incitatus a Rajoy

Pascual Serrano

30 julio 2016
Rajoy 30 de julio de 2016 15:00

Ha sido lo último, la jueza ha procesado al Partido Popular como persona jurídica por la destrucción, en el año 2013, de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas utilizaba en la sede nacional del partido. Este auto convierte al Partido Popular en el primer partido procesado en la historia de España. Gracias a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2012, que su propio Gobierno impulsó pensando en sentar en el banquillo a los partidos de la izquierda abertzale o a Podemos si lograban demostrarle financiación irregular, es posible pedir responsabilidad penal a un partido político para determinados delitos. Y, mira por donde, serán ellos los procesados.

Hace dos meses, el Partido Popular pagaba por orden del juez de la Audiencia Nacional 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario en el caso de las obras realizadas en su sede nacional, en la madrileña calle de Génova, pagadas con dinero negro según la Agencia Tributaria.

En Valencia, el PP es considerado “organización criminal” por la investigación de la Guardia Civil que señala al ex presidente de la Generalitat y del partido, Francisco Camps, como el recaudador de una trama que tenía al menos cinco cajas de dinero negro en las que ingresaron “decenas de millones” de euros procedentes de las comisiones que pagaban los empresarios a cambio de contratos públicos. A su vez, esas cajas nutrían a la caja B nacional en Madrid donde la policía cree que hay también financiación ilegal del PP madrileño.

Estos ejemplos que acabamos de detallar no se refieren a determinadas personas, cargos o responsables del Partido Popular. Señalan a una organización considerada criminal por la Guardia Civil, que debe pagar fianzas millonarias por utilizar dinero negro, que es acusada penalmente por los jueces y que se le imputa haber ganado las elecciones año tras año con dinero conseguido ilegalmente.

Pero existe algo todavía más grave. Que se trata del partido más votado por los españoles (tampoco tantos, uno de cada cinco) y que si se celebrasen unas terceras elecciones ganaría hasta siete escaños más, que probablemente un tal Felipe de Borbón propondrá a su máximo dirigente como presidente de España, que los principales medios de prensa en papel piden que sea apoyado para gobernar España y que el segundo partido más votado del país se plantea no oponerse.

La historia considera que una de las pruebas más espectaculares de la degradación y corrupción del imperio romano es que Calígula quisiese nombrar cónsul a su caballo Incitatus. ¿Qué deberíamos pensar entonces del régimen político español si la persona con más posibilidades de ser presidente del país es el presidente de una organización a la que la justicia ordena pagar fianzas por el uso de millones de dinero negro, sentarse en el banquillo por delincuente y acusada de criminal por la guardia civil?