Insurrección para conmemorar la Constitución

Pascual Serrano

6 diciembre 2016

¿Conocéis a alguien que celebre todos los años el aniversario de su boda sin haberse casado? Pues yo conozco un país que celebra cada año el aniversario de una Constitución que no se cumple. Y lo más curioso es que los que más responsabilidades tienen en su incumplimiento son los que más gustan de celebrarla. En España unas 40.000 personas viven en la calle, una cifra a la que se suman los 3,6 millones que viven en una situación de vivienda insegura (sin título legal, con notificación de desahucio o bajo amenaza de violencia) y los 5 millones que residen bajo un techo inadecuado (en estructuras temporales, asentamientos o chabolas, sin acceso a los suministros básicos o en hacinamiento), según datos de Cáritas. Pero este 6 de diciembre nuestro gobierno celebrará, con alegría y regocijo, el Día de la Constitución que establece el derecho a la vivienda.

El número de parados en diciembre, según el Ministerio de Empleo, es de 3.789.823 personas. A ellos hay que sumar los que no están registrados o tienen un contrato a tiempo parcial que no les garantiza unos ingresos mínimos. Y nuestros dirigentes nos convocan a celebrar la Constitución que consagra el derecho al empleo.

Otro que también nos llamará para aplaudir la Constitución que establece la igualdad de todos los españoles es Felipe VI quien, a diferencia del resto de nosotros, es jefe del Estado por razones de sangre y su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

La Constitución que nos piden celebrar afirma que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal pero el Estado español paga todos los años sueldos de profesores de religión católica, curas castrenses y capillas en hospitales y cuarteles. Además organiza y financia procesiones, rehabilita edificios de la Iglesia católica y les exime de impuestos.

En resumidas cuentas, nuestro gobierno nos llama a conmemorar el bautismo de un hijo que nunca nació, el aniversario de nuestra boda siendo solteros o el funeral por la muerte de un pariente que sigue vivo. Pero, además, es como si el mismo que nos convoca a celebrar el aniversario de nuestra boda nos hubiera quitado la novia (o el novio). El colmo de la burla.

Es evidente que los actuales gobernantes se están situando fuera de la ley en la medida en que están ignorando o desmantelando derechos como el del trabajo, la vivienda, la salud, la educación, una pensión digna o la alimentación, puesto que están conculcando la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española o la Carta Social Europea ratificada por España en 1985. Es decir, los gobernantes están vulnerando el Estado de Derecho, están en la ilegalidad. De modo que nosotros estamos dentro y reivindicando la ley, y el gobierno fuera y vulnerándola.

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En la tradición de los históricos movimientos de liberación, incluido el cristianismo, se encuentra el derecho a la rebeldía ante un gobierno despótico que no respeta la legalidad. La declaración de independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 plantea el derecho a luchar para que haya un gobierno justo, incluso deponer al que hay si no cumple (Preámbulo: “Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad y su felicidad”). Igualmente la Declaración de Derechos Humanos de 1789, en su artículo 2, establece que la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, y que uno de tales derechos es la resistencia a la opresión. Por su parte, la Constitución de 1793, elemento clave del racionalismo ilustrado francés, plantea el derecho a la insurrección (Artículo 35: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”).

John Locke, considerado padre del liberalismo moderno, establece que la autoridad del Estado se sostiene en los principios de legalidad y respeto de los derechos humanos.

Esa autoridad deja de ser legítima si deja de asegurar los derechos naturales. En su Tratado sobre el gobierno civil (1690), defiende el derecho a la rebelión señalando que si el pueblo padece las injusticias del poder arbitrario, entonces “maltratado y gobernado contra Derecho, estará siempre dispuesto a quitarse de encima una carga que le resulta pesadísima”.

Pues bien. Hoy nos están arrebatando nuestras viviendas (desahucios), nuestra educación (disminución de profesorados, aumentos de tasas), nuestra sanidad (disminución de personal, copagos, privatizaciones), nuestros derechos sociales (liquidación de la ley de dependencia, disminución de ayudas para los desempleados), nuestras libertades públicas (represión de las manifestaciones, sistemas de vigilancia, ley Mordaza), nuestros derechos laborales (congelaciones y disminuciones salariales, facilidades para los despidos, precariedad laboral).

No hace falta ser Lenin ni Rosa Luxemburgo para llamar a la rebelión. Los inspiradores de la Ilustración, los que redactaron la Declaración Universal de Derechos Humanos y hasta los filósofos liberales hoy estarían sumándose al levantamiento. Ya estamos tardando. Sería la forma más coherente de conmemorar la Constitución.