Santa Rita, Rita, lo que se da ya no se quita

Pascual Serrano

12 septiembre 2016

Nuestro sistema político acumula contradicciones, sinrazones y surrealismos cada semana que pasa. No era bastante con tener en el gobierno a un partido considerado organización criminal por la Guardia Civil y acusado en los tribunales por financiarse con dinero negro. Ahora Rita Barberá protagoniza un último capítulo. La ex alcaldesa de Valencia quizás sea el ejemplo más evidente de la kilométrica distancia que hay entre nuestro sistema político y la democracia. Para empezar, porque Rita Barberá ganó las elecciones de manera ilegal desde 2006 hasta 2015 según las investigaciones de la Guardia Civil. Los informes de los investigadores revelan que el PP de Valencia se financió de manera irregular y de forma continuada de 2006 hasta 2015. Ese dinero, aportado por empresarios a cambio de llevarse adjudicaciones de prestaciones públicas, terminaba en una cuenta bancaria, sin ningún control fiscal, creada ex profeso para financiar al partido en las campañas electorales. Por tanto, los valencianos habrían tenido unos representantes ilegítimos, tan ilegítimos como un dictador de Burundi o un golpista en América Latina.

Ahora Rita Barberá es senadora. Ello impidió que se la investigara y juzgara por una vía regular, por lo que ha debido ser el Tribunal Supremo quien la lleve hacia la imputación por el presunto blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia (el primer juez instructor estima un perjuicio económico de 10 a 20 millones de euros para el consistorio). Sin embargo, los delitos que están sobrevolando son: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad.

Rita a su puta bola

El Partido Popular, que la puso en sus listas electorales, ahora reniega de ella hasta el punto que se ha tenido que dar de baja de militancia. Barberá es senadora por la Comunidad Valenciana, pero el parlamento de esa autonomía ha aprobado por unanimidad su repudio por considerar que no les representa y le exigen que renuncie “al acta de senadora para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianas y valencianos”.

Nuestro sistema es tan kafkiano que el partido que la incluye en la papeleta que le permite ser elegida no puede después cesarla, pero tampoco el parlamento de la autonomía que se supone que representa. Algunos especialistas argumentarán que los cargos son intocables porque proceden de la voluntad popular emanada de las urnas, pero a esa voluntad popular ya no se le permite pronunciarse hasta dentro de cuatro años por muchas tropelías que el elegido cometa y muy rechazado que sea por la ciudadanía.

Nadie parece querer insinuar algo tan obvio como la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, los ciudadanos puedan ser de nuevo consultados sin esperar a nuevas elecciones. Se llama referéndum revocatorio, permitiría que el pueblo, tras la recogida previa de un número de firmas, pueda pronunciarse sobre el cese de un cargo público sin esperar al final del mandato. La gran paradoja es que los países que lo tienen en vigor son esos ejemplos que siempre nos ponen de regímenes déspotas y autoritarios: Cuba y Venezuela (así lo señala el artículo 72 de la Constitución de Venezuela: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”).

Estados Unidos tuvo un delincuente que acumulaba numerosos crímenes, pero solo se le pudo condenar por delito fiscal, se llamaba Al Capone. El parecido de su caso con el de Rita Barberá es impresionante (de todos sus posibles delitos parece que es el fiscal el que más amenaza a la senadora), pero al menos los estadounidenses no tuvieron que soportar a Al Capone ni de alcalde ni de senador.