A partir de hoy, ceder el asiento en el bus o el metro a un jubilado podrá acarrear penas de entre 1000€ y seis meses de cárcel. Las penas que se impondrán, variarán en función de la edad y lo próximo a la muerte que estuviera el pensionista. “Ceder el asiento a alguien cercano a los 90 años podría ser considerado terrorismo”, declaraba el ministro Catalá.

La impopular medida del Gobierno busca reducir drásticamente el gasto en pensiones de una forma inmediata. “Todos tenemos que hacer sacrificios y lo digo en un sentido absolutamente literal”, declaraba el ministro Montoro.

El Gobierno destinará patrullas en los diferentes medios de transporte para controlar que se cumple la normativa. Los agentes han sido entrenados por un grupo de especialistas en el robo de asiento provenientes de Japón y Perú.

Por otra parte, ya se ha puesto en marcha un proyecto entre el Gobierno y diferentes constructoras de trenes y autobuses. “Vamos a equipar los asientos con mini tásers, éstos están pensados para escarmentar a los pensionistas que ocupen indebidamente un asiento”, declaraba Montoro.

La nueva medida, también, permitirá el uso de altavoces con el volúmen a toda castaña para generar posibles ataques de ira, derrames cerebrales y todos aquellos accidentes que ayuden a rebajar la tasa de futuribles pensionistas.