Viñetas

La sentencia de Hasél: una guía práctica de la (in)justicia española (PARTE 3)

comparte este artículo

Viñetas

La sentencia de Hasél: una guía práctica de la (in)justicia española (PARTE 3)

"Este reportaje fue publicado originalmente en el periódico digital Catalunya Diari. Aunque en nuestra web no solemos dedicar espacio a piezas de tipo periodístico, consideramos que esta podría ser de interés para nuestros lectores y para cualquier persona con un mínimo de interés en la libertad de expresión. Por este motivo, hemos decidido publicarlo, contando para la traducción con su mismo autor. En los siguientes enlaces podéis leer las partes primera y segunda del artículo"

¿Tuvisteis alguna vez un profesor que os hablase de la Revolución francesa, la “propaganda por el hecho” o los magnicidios del siglo XIX justificando la rabia y la frustración que podía haber llevado a que ocurriesen estas cosas? Pues eso podría ser considerado perfectamente “un acto público” hecho en “un lugar con numerosa concurrencia”. Y si sus explicaciones contenían “la justificación genérica, bien de los actos terroristas o de quienes los ejecutaron”, esto ya sería razón suficiente para que fuesen consideradas “enaltecimiento del terrorismo”.

Lo mismo va para las editoriales que publican libros en los que se expliquen las motivaciones de Bakunin, la Semana Trágica o Robespierre. De hecho, si recordamos los tweets de Pablo Hasél, en los cuales más bien critica cómo ciertos defensores de la lucha armada murieron en manos del estado, este hipotético profesor sería más culpable aún que él.

Donde sí que gana Pablo en es el ámbito de la difusión. Cuantos más seguidores tiene, más peligroso es. Sus tweets se publican en una red social donde tiene “más de 54.000 seguidores, garantizándose una enorme difusión y publicidad ante un colectivo afín, admirador”.

Según la sentencia, al tener tantos seguidores existe:

“El potencial riesgo finalde que algún seguidor, aleccionado por las expresiones y la justificación del terrorismo que encierran, acabe usando la violencia”

Pero, si tenemos en cuenta que el rapero tiene todos esos seguidores porque la propia Audiencia Nacional lo ha hecho popular, ¿no sería el propio tribunal el culpable de aumentar el público potencial de este supuesto enaltecimiento? Nota al margen: ahora mismo tiene unos 138.000 seguidores.

Ahora podría ser que algún espabilado dijese:

“Pero si este chico lleva, en teoría, diez años enalteciendo el terrorismo y tiene tantos seguidores, ¿cómo es que no ha surgido un grupo terrorista? ¿El hecho de que no haya surgido no sería la confirmación de que la teoría de estos jueces no tiene sentido?”

Pues no, porque aquí estamos hablando del concepto del “peligro abstracto”. Es decir, si el juez considera que “en la red social, atendida por tantas personas” existe la posibilidad de que “alguna de ellas, por admirar al autor o por entender justificado el acto, imite la violencia mortal de los ejemplos de terroristas”, ya está hecha la violencia potencial. Y, con eso, ya hay delito.

Otro tema potencial del que habla la sentencia es el de las posibles víctimas. Los jueces hablan de “colectivos que se demonizan”. ¿A quiénes se refieren? Pues a la Policía y a la Guardia Civil, porque salen mencionados en muchos de los tweets de Pedro Antonio (recordemos, el castizo pseudónimo de Hasél) y han “sufrido muchos de los ataques terroristas de algunos de los miembros activistas ensalzados”. Pero a esta mesa le baila una pata. O dos. Los tweets que recoge la sentencia dicen cosas como:

“Hoy la policía, enemiga de la democracia, ha abierto cabezas y detenido jóvenes que luchaban por una educación digna”

“La policía trata con racismo a los inmigrantes y cuando reciben una hostia en respuesta se hacen las víctimas. El cuento de siempre”

En estos tweets, Hasél se refiere a noticias del día en el que publicó el tweet en cuestión, o de actualidad reciente. Si lo que afirma no es cierto, si la policía no actuó así, aquí ya hay delito, justamente por hacer este tipo de afirmaciones: sería un delito de injurias. Tampoco se puede decir que Hasél esté pidiendo aquí “que alguno de sus lectores asumiera el discurso del odio […] para ver si reanudaba la acción violenta terrorista”.

Si la Audiencia Nacional sentencia que no podemos decir que uno de los órganos del estado no está haciendo bien su trabajo sin correr el riesgo de que nos consideren enamorados del terrorismo, está acotando un terreno de juego que se parece peligrosamente al de una dictadura. El tribunal dice que lo que hace Hasél “no se trata de ataques a gestores públicos o crítica ideológica”, pero esto es una percepción que los propios tweets desmienten. Lo que no parece lógico es que la crítica a la violencia policial sea considerada incitación a la violencia o, directamente, violencia.

Paremos aquí un momento. La Policía es el brazo armado del estado que impone las leyes por la fuerza. Si alguien, como, por ejemplo, Hasél, mantiene una discrepancia ideológica con el estado, eso quiere decir que está en contra de algunas de estas leyes. Lógicamente, esta persona no tendrá mucha simpatía hacia aquellos cuyo trabajo es hacer que estas leyes se cumplan. Y, de la misma manera, si la ideología de Hasél es afín a la del Partido Comunista de España (el reconstituido, ojo), es lógico también que considere al GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), el brazo armado del PCE (r), un grupo heroico que quiere hacer un estado nuevo.

Pero me gustaría volver a remarcar que, al menos en la selección de tweets que ha hecho el propio tribunal, lo más parecido que hay a una llamada a las armas es este tweet de 2016:

“Las manifestaciones son necesarias pero no suficientes, apoyemos a quienes han ido más allá”

El tweet iba acompañado de una foto de María Gómez, una militante del GRAPO que está cumpliendo pena de prisión. Yo no conozco personalmente a ningún miembro de banda armada, pero, por lo que tengo entendido, su motivo fundacional suele ser la consecución de un objetivo político.

En el caso del GRAPO, este era implantar un régimen comunista parecido al que Mao había establecido en China. Para grupos como este, utilizar la violencia es una manera de conseguir notoriedad y de demostrar fortaleza ante el estado para conseguir así convencer a más gente de lo justa y viable que es su causa. Es evidente que la jugada no le salió muy bien al GRAPO.

¿Eso convierte en ilegal la nostalgia de Hasél por su ideología? ¿Convierte en ilegales tuits como aquel en el que decía que “Pedro Miguel militante del PCE (r) asesinado por la policía por defender nuestros derechos”? ¿Es ilegal también que Hasél vea a los miembros del GRAPO como héroes? O, lo que más preocupa a la Audiencia Nacional: ¿podrá hacer que resurja un grupo armado similar entre sus seguidores de Twitter a raíz de la publicación de tweets como el anterior?

El último atentado del GRAPO fue en el año 2000.

Dejando la sentencia un poco de lado, en las últimas semanas hemos visto cómo la resolución del tribunal ha sido recibida con disturbios en varias ciudades. En cierta manera, se podría decir que la decisión de los jueces ha conseguido lo que no consiguieron los tweets de Hasél: hacer que la gente reaccione con violencia contra unas leyes que considera injustas.

Es muy probable que los magistrados consideren que esto, en realidad, valida su decisión: ellos ya avisaron de que este hombre podía provocar violencia, y aquí la tenemos. Pero esto supone obviar el papel crucial que el aparato judicial mismo ha tenido tanto en la conjuración de esta violencia como en el hacer de Hasél una figura mediática. Y también abona el campo de otra manera: la represión que la policía aplica en las manifestaciones genera una animadversión muy superior a la que puedan haber provocado los tuits de Pedro Antonio.

Pero la cuestión es que la Audiencia Nacional considera que se ha demostrado que Hasél:

“Justifica cierto tipo de terrorismo con la intención de conseguir que alguno de los destinatarios [o sea, los seguidores de @pablohasel] retome las acciones terroristas que ensalza”. Le parece que existe una posibilidad no demostrada, pero no por ello menos probable, de que estas personas, seguidores de una cuenta concreta en una red social, “retomen la violencia concreta contra instituciones y colectivos reales […] de la manera en que lo hicieron los terroristas que se pone de ejemplo”

Y aquí es donde a Hasél le cae la pena de cárcel, que parece ser que, de alguna manera, le hará tomar consciencia de las bondades del estado y del buen funcionamiento de sus instituciones. La sentencia no se acaba aquí, pero es en este punto donde se hace el esfuerzo máximo por conseguir que Hasél pierda su libertad.

Me da la impresión de que la defensa que se hace del rey en la parte restante de la sentencia no se la acaba de creer ni el propio tribunal. Dice que las canciones y los tweets de Hasél son:

“Un ataque personal y directo a la Casa Real y a sus miembros de modo despiadado, atacando personalmente a los mismos, y no simplemente una mera discrepancia del recurrente hacia la monarquía como institución del Estado”

El rey Juan Carlos recibió comisiones por negocios que facilitaba gracias a su posición como monarca. Y estamos hablando de unas cantidades de dinero que ocultó a la hacienda española. Pero, por lo visto, lo que ha afectado al “núcleo último de su dignidad” han sido palabras como:

"El mafioso del Picon de fiesta con la monarquia saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo"

“Capo mafioso saqueando el reino español, Les venden armas que van al ISIS”

Resulta particularmente curioso que la Audiencia Nacional mencione el acto de quemar fotos del rey como ejemplo de una forma de crítica a la monarquía que sí sería aceptable:

“La puesta en escena orquestada por los ahora demandantes, aunque haya llevado a quemar una imagen, es una forma de expresión de una opinión en el marco de un debate sobre una cuestión de interés público, a saber, la institución de la monarquía"

¿Y sabéis por qué es curioso? Pues porque aquí se está haciendo referencia a la quema de fotos de Felipe VI que tuvo lugar en Girona, y a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaraba que este acto quedaba amparado por el derecho a la libertad de expresión. ¿Y a quién estaba corrigiendo el TEDH cuando emitió esta sentencia? A la Audiencia Nacional española.

Más adelante, la sentencia hace una defensa similar de la policía, que considera que recibe “ataques injuriosos y calumniosos al desempeño de su función como representantes del Estado.”

Pero, una vez más, presenta como pruebas tweets como los siguientes:

“Luchar por la educación digna supone que la policía te detenga o abra la cabeza a porrazos, otra vez sucede en Gasteiz”

“Adela y Guillermo, 12 años de prisión por daños materiales en un a basílica, Guardia Civil impunidad por decenas de emigrantes asesinados”

Las dos afirmaciones son ciertas. Hubo una carga policial contra una manifestación en Euskadi, y en Ceuta, en la playa de El Tarajal, la Guardia Civil disparó 145 pelotas de goma y cinco botes de humo contra un grupo de potenciales inmigrantes, para evitar que pisasen territorio español. Quince de ellos murieron.

¡Una vez más, la sentencia dice que lo que está incitando a “actuar violentamente contra los cuerpos policiales” son los tweets de Hasél, y no las acciones de la propia policía. Esta teoría ha servido para meter al rapero leridano en la cárcel, pero solo hay que echar un vistazo a la calle para ver que puede acabar resultando contraproducente.

Para terminar, me gustaría remarcar algunas cosas. Yo no tengo ningún interés particular por la música o la ideología de Pablo Hasél. Pero sí lo tengo por la libertad de expresión. Y mandar a alguien a la cárcel es un recurso que solo se debería utilizar en casos extremos. Ni yo ni tú deberíamos tener que preocuparnos si hacemos un tweet criticando una actuación policial. Y, como me dijo una persona del mundo judicial crítica con la sentencia, cuanto más poder tienes, más crítica has de recibir, y soportar.

El objetivo de las leyes no debería ser proteger a los poderosos ni fomentar la pervivencia de injusticias que no se pueden criticar, ya sean actuaciones policiales o el comportamiento de la familia real. Porque, si no podemos verbalizar nuestro descontento, entonces sí que hay riesgo de que elijamos otros caminos para expresarlo.

temas relacionados

¿Deseas dejar de recibir las noticias más destacadas de El Jueves?